La revisión de la LPRL que se está abordando pretende mejorar la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito empresarial. En este sentido el Presidente de SPA ASPA-ANEPA ha defendido la necesidad crucial de su integración eficaz en el ámbito laboral, aunque que no se debe confundir “con internalización, lo cual no es sinónimo de mejora”. En este sentido Romón advierte que “algunos postulados nos acercan a principios que van incluso en contra de la libertad de empresa y permitirían la injerencia de otros factores ajenos a la actividad preventiva no beneficiándola”.
Esta es una de las conclusiones que se pudo extraer de la mesa de debate, organizada por CEOE, en la que Romón compartió experiencias y puntos de vista junto a otras asociaciones del sector en torno a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Desde SPA ASPA-ANEPA se apuesta por aprovechar todos los avances conseguidos a lo largo de estos 30 años en lo que a materia legal, pero llama a una reflexión de cada paso a dar para que toda esa evolución “no sea llevada al traste por un error normativo que no deseamos”.
Trabajador delegado
Miguel S. Romón abordó alguno de los puntos que considera perniciosos para la mejora eficaz de la LPRL. Uno de ellos es el de la figura del trabajador designado. Por un lado, aseguró que “supondría elevado coste para la empresa y para el trabajador”. Además, remarcó la necesidad de reflexionar sobre las nuevas materias y obligaciones que entraña la ley ya que “hay materias intangibles difícilmente medibles, que necesitan de nuevos protocolos e investigación previa antes de su implantación con garantías y así minimizar la inseguridad jurídica”.
También mostró su preocupación sobre el riesgo del aseguramiento eficaz de la actividad preventiva de la empresa en una materia cada vez más compleja y sin asesoramiento externo experto, cualificado y acreditado. En este sentido, Miguel S. Romón advirtió que, si se combina trabajador designado bajo un número de horas de dedicación determinada, y se mantiene el necesario concierto con SPA se produciría “un sobredimensionamiento de recursos y costes para las empresas, una duplicidad de competencias entre el SPA y el trabajador designado”.
Además, expuso sobre la mesa la problemática de la voluntariedad del trabajador designado frente a la obligatoriedad empresarial de designarlo: “además de las responsabilidades jurídicas se encuentran las responsabilidades morales ante el accidente de un compañero”.
Desde SPA-ASPA ANEPA se defendió que los Servicios de Prevención “no precisan de más restricciones sino de políticas activas que permitan entre otras suficiencia de profesionales, sanitarios y técnicos, cobertura con ciertos aspectos del seguro de responsabilidad civil”. Romón mostró predisposición para trabajar en la creación de la figura de un interlocutor entre empresa y el SPA “que ayude en la integración de la PRL” y, remarcó la necesaria coordinación con la empresa “desde dentro, pero que no sea considerado una modalidad preventiva como tal”.
Formación
En el debate también se abordaron las posibles novedades en formación. Romón reconoció que es “el pilar esencial en la actividad preventiva”. Y no dudó en asegurar que es esencial conseguir la capacitación de personal trabajador, técnico y sanitario.
Miguel S. Romón durante su intervención.
Desde SPA ASPA-ANEPA se defiende la necesidad de aclarar los conceptos de su regulación, especialmente cuando se habla de “suficiente y adecuada” y, también, cuando esta puede ser virtual. Romón apuntó la necesidad “inmediata y a todos los niveles” de concretar la bonificación de la formación obligatoria.
En el mismo sentido de la formación, la escasez de profesionales de la prevención hace necesaria la toma de “medidas drásticas y urgentes”. No obstante Miguel S. Romón advirtió que “no deberemos entrar en un embudo para convertirlo en algo imposible de cumplir por falta de todo tipo de profesionales”.
El presidente de SPA ASPA ANEJA considera que la formación básica es insuficiente “con una supervisión prácticamente imposible de la calidad y eficacia de dichos cursos”. Entre las medidas que se pueden aplicar para paliar esta situación destacó la de “limitar las entidades que lo pueden impartir y llevar un registro de las titulaciones por parte de la administración”.
En lo que respecta a los técnicos superior en riesgos profesionales, considera se enfrenta a una “amenaza en la limitación de realizar varias especialidades” y reflexionó que “si ponemos trabas a la formación va a ser imposible avanzar y que el mercado tenga el número necesario de profesionales”.