La Generalitat da tres meses a 80.000 empresas para aportar documentación



Todas las empresas que formen parte de la cadena de contratación y

subcontratación de obras deberán acreditar en el plazo de tres meses las

medidas de seguridad que adoptan para evitar accidentes laborales si quieren

seguir operando en Cataluña. El Gobierno catalán aprobó ayer el decreto que

crea un registro de compañías que reúnen todas las condiciones que fija la

ley estatal que regula el sector, en vigor desde el pasado mes de abril.


La Generalitat da tres meses a 80.000 empresas para aportar documentación



Todas las empresas que formen parte de la cadena de contratación y

subcontratación de obras deberán acreditar en el plazo de tres meses las

medidas de seguridad que adoptan para evitar accidentes laborales si quieren

seguir operando en Cataluña. El Gobierno catalán aprobó ayer el decreto que

crea un registro de compañías que reúnen todas las condiciones que fija la

ley estatal que regula el sector, en vigor desde el pasado mes de abril.



Cataluña es la primera comunidad que aplica la ley y que decide, además, que

el registro sea electrónico para que pueda ser consultado por cualquier

empresa antes de subcontratar una obra. El decreto no sólo obliga a

constructoras que trabajen para las administraciones, sino también a las que

realicen obra privada. Más de 80.000 firmas deberán digitalizar todos los

documentos que certifiquen su calidad y seguridad. Las que no estén en el

listado, no podrán operar en Cataluña. Si alguien las contrata, será

sancionado.



El registro incluye a constructoras y todas las compañías que tienen que ver

con el sector, desde cerrajeros hasta pintores. La consejera de Trabajo, Mar

Serna, defendió el decreto porque «da seguridad a las empresas y a las

personas, puesto que las firmas deberán informar de la formación en

prevención de accidentes que estén realizando».



Las empresas que se inscriban deben cumplir varios requisitos. Tanto las

constructoras como las subcontratas han de tener una estructura productiva

propia, contar con los medios necesarios para su actividad y asumir los

riesgos y responsabilidades que se puedan derivar de ella. Además, deben

aportar pruebas de que sus obreros han sido formados en prevención de

riesgos y, sobre todo, que se toman medidas suficientes para su seguridad.



Serna recordó que Cataluña aún sufre «el triple de accidentes mortales en la

construcción que la media española y el doble de accidentes graves», e

insistió en que el nuevo decreto pretende rebajar la siniestralidad.



La ley exige, además, que las compañías tengan un porcentaje mínimo de

trabajadores con contrato indefinido. La proporción se irá incrementando del

10% este año al 30% en 2010. Esta medida crea recelos entre los

constructores. Éstos dicen que el número de empleados fijos que tienen en

conjunto es superior a esta exigencia. Pero, además, hay el precedente de

1999, cuando la UE les dio la razón tras denunciar a la Comunidad de Madrid

por una ley que primaba en los concursos a las empresas que dieran empleo

estable.