Sin redes sociales, ni mailing masivo. A finales de 1995 el ecosistema laboral de España se enfrentaba a un cambio nunca antes vivido. Una ley inspirada en Europa, nacida en España y que daba tres meses de plazo a un país para crear una cultura preventiva. ¿Cómo fue aquel cambio?

En aquel momento, según las encuestas cada trabajador en España perdía 68,1 horas de trabajo al año. En su mayor parte debido a enfermedades y accidentes. Con una media de 1.700 horas al año trabajadas.

No había pasado ni un mes desde la aprobación y publicación de la nueva ley y el Director General del Instituto de Seguridad e Higiene, Javier Gómez-Hortigüela, ya advertía que la nueva Ley de Riesgos Laborales era “Un reto importante para las empresas”. En 1995, ese reto se resumía en algo que hoy forma parte del día a día y que el director definía como “obligar a las empresas a realizar una evaluación de riesgos en el trabajo y concertar y planificar actividades preventivas”.

Una semana antes de la aprobación y publicación del texto,  patronal y sindicatos la valoraban “en principio” como positiva. Aunque también existían dudas pues era necesario “conocer su desarrollo reglamentario para conocer la verdadera virtualidad práctica de la norma”. Uno de los aspectos que más centraba la atención era la constitución de una comisión nacional de seguridad e higiene en el trabajo en el que participarían el Estado, las comunidades y los agentes.

Una ley frente a un panorama «muy malo»

Entonces, casi 9 de cada 10 centros de trabajo no tenían estudios sobre riesgos. “El panorama es muy malo”, aseguraba el Gómez-Horigüela que apremiaba a las empresas a trabajar en el asunto antes de que la ley entrara en vigor.  Trabajo había mucho por hacer. En 1994, España registró más de 531.000 heridos leves en jornada laboral y superaba la barrera de los 1.000 fallecidos. Hortigüela, confiaba en que “si la nueva ley se cumple estrictamente, estas cifras bajarán” y apuntaba que el espíritu de la ley “va más a la prevención de los riesgos que a la reparación de los daños”.

¿Cómo se tomaron las empresas este guante? Basta con leer la prensa segoviana de finales de 1995. La Federación Empresarial Segoviana se mostró muy crítica con el texto ya que “es un enorme catálogo de obligaciones, responsabilidades y sanciones para las empresas”.

Sanciones que oscilaban entre las 50.000 pesetas hasta los 100 millones y que sobre todo preocupaban a los empresarios. Podían suponer la “inhabilitación de la empresa a efectos de contratación con las administraciones públicas”. Además, señalaban los empresarios que el texto suponía remisiones a la negociación colectiva.

Desde la FES se advertía que “Alguna de las medidas contempladas en la ley implican unos costos importantes de ejecución” y entre ellos destacaban “que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente en materia preventiva”.

 

La prevención, una inversión

En este sentido, el trabajo desde la administración se centró no solo en divulgar el texto, sino también en hacer entender su importancia y necesidad. El Director General de Trabajo manchego, Venancio Rubio, advertía a las empresas que “la prevención de accidentes no es un gasto, sino precisamente una auténtica inversión” y señaló en varias ponencias que uno de los aspectos más novedosos de la ley era que la responsabilidad recaía en los empresarios, aunque matizaba que aún faltaba por cerrar cómo sería la colaboración entre la administración central y regional para planificar las diferentes actuaciones.

También los sindicatos aplicaban sus ‘peros’ a la nueva ley. Aunque se mostraban satisfechos por la creación de la figura del delegado de prevención, lamentaban “que no vaya a disponer de un numero de horas para desempeñar su función”.  Además, criticaban que esta figura no fuera a ser universal y estuviera ausente en las empresas de menos de 6 trabajadores.

En este sentido el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Carlos Navarro, aseguraba que “la participación de los trabajadores en tareas de prevención será fundamental”, haciendo referencia al delegado en prevención.

También los sindicatos se mostraban precavidos ante la posible eficacia de la ley. El secretario provincial de CCOO en Albacete aseguró en un encuentro que “será eficaz en la medida en que los agentes sociales y la administración le demos contendido”. Una eficacia que el cuantificó en una reducción del 10% de la siniestralidad.

Por su parte los técnicos se mostraban expectantes pues tal y como declaró entonces Ricardo Carretero, en Segovia, “los técnicos no saben muy bien de qué manera nos puede afectar esta nueva ley, aunque la Ley si no necesaria, sí es conveniente”.

Diferentes gremios se reunían en los días previos y posteriores a la aprobación de ley para evaluar su posible. Así, en diciembre lo hicieron los constructores abulenses. En su Asamblea destacaron “la dureza de las inspecciones de trabajo que recoge la nueva ley de prevención” . Entre las nuevas obligaciones que les comprometían destacaban “la realización de una auditoria de riesgos, al designación de un delegado y la contratación de un servicio de prevención propio o ajeno”.

 

Expectación e incertidumbre

En esa misma ciudad se organizaron jornadas para dar a conocer la nueva ley de prevención de riesgos laborales al colectivo empresarial“ante las sustanciales connotaciones que tiene para el sector privado”. De nuevo, su desarrollo era una cuestión que centraba los debates “habrá que esperar al desarrollo reglamentario en lo referente a materias importantes como lo son los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores”.

En Palencia, la ley de prevención de riesgos laborales reunió a medio centenar de médicos. “Incertidumbre” era la palabra que rodeaba al texto. En una jornada se defendía que “la labor preventiva a nivel individual la tienen que realizar los médicos”. La ley no exigía la presencia de un médico dentro del servicio multidisciplinar con el que contaran las empresas. La duda entre los profesionales médicos recaía en su futuro, “no se recoge que entre los compoentes tenga que estar obligatoriamente un médico de trabajo”, afirmaba el responsable de recursos humanos de una empresa.

Una de las ponentes, María Morillo, afirmó que el objetivo y preocupación de los médicos era “preservar y promocionar la salud tanto en el puesto de trabajo, como fuera, sin hacer distinción entre la salud física o psíquica”

También en los centros educativos el debate en torno a la Ley estuvo servido. En la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Albacete, su director, Joaquín Aparicio reflexionaba frente a 600 alumnos sobre que la ley “no introduce cambios espectaculares, es un texto que ordena” y admitía que la ley “no consiste en proteger de los daños que puedan sufrir los trabajadores, sino evitar los riesgos”.

En este sentido se pronuncio también el Consejero de industria y trabajo manchego, Alejandro Alonso, que calificaba la ley como “un avance” ya que según sus palabras “pretende coordinar esfuerzos y será beneficiosa para la buena salud laboral de trabajador”.

Los días previos a la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los medios recogían las novedades más importantes de la misma. Desde la administración se advertía que el 10 de febrero acababa el plazo dado a las empresas para que cumplieran los requisitos del texto. “El objetivo principal es prevenir riesgos y planificar las medidas para evitar o minimizar los posibles daños”.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha demostrado su eficacia. Basta con comparar las cifras. Antes de su entrada en vigor, en 1994 se registraron 537.625 accidentes laborales con resultado de baja y 1.148 fallecimientos respecto a una población trabajadora que no llegaba a los 11,5 millones. 30 años después, en 2025, (con los nuevos sistemas de notificación se contabilizaron 647.200 accidentes con resultado de baja y 796 fallecimientos, pero con una población trabajadora de casi 22 millones.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha ido creando una cultura preventiva en un país que, prácticamente, estaba huérfano de ella. Ahora se enfrenta una gran reforma que permita seguir germinando aquella semilla.